POR: REDACCIÓN

Miacatlán, Morelos.-La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha puesto bajo la lupa la administración financiera del Ayuntamiento de Miacatlán tras revelar irregularidades críticas en la Cuenta Pública 2024. De acuerdo con el informe más reciente, se ha detectado un probable daño al erario que asciende a los $46.7 millones de pesos, una cifra que pone en entredicho la transparencia del gobierno local.

El dato más alarmante del reporte señala que el municipio fue incapaz de comprobar el destino del $54.6 de los recursos federales que le fueron auditados. Esta cifra implica que más de la mitad del dinero enviado por la Federación para obras, servicios o programas sociales no cuenta con documentación que respalde su uso legal y correcto.

Un vacío financiero sin precedentes

La revisión de la ASF, encargada de vigilar que el dinero de los contribuyentes se utilice para los fines legales establecidos, determinó que el ayuntamiento no presentó las evidencias físicas ni contables necesarias para justificar el gasto. Bajo el concepto de “probable daño al erario”, la autoridad fiscalizadora advierte que estos recursos podrían haber sido desviados o malversados.

Hasta el momento, las partidas afectadas incluyen fondos destinados prioritariamente al desarrollo social y la infraestructura básica, áreas sensibles para la población de Miacatlán que hoy se pregunta: ¿Dónde quedó el dinero del pueblo?

Consecuencias legales

El Ayuntamiento de Miacatlán dispone de un plazo legal para intentar solventar estas observaciones y presentar la documentación faltante. No obstante, de no lograr justificar el paradero de los $46.7 millones de pesos, la ASF podría proceder con denuncias penales ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

La ciudadanía y diversos actores políticos han comenzado a exigir una rendición de cuentas inmediata, señalando que la falta de comprobación de más del $50 mill de los recursos auditados no es un error administrativo menor, sino un indicio grave de opacidad institucional.

Mientras las investigaciones avanzan, el vacío financiero de $46.7 millones de pesos permanece como una deuda pendiente con las comunidades más vulnerables del municipio.