ALMOLOYA DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO. — La situación jurídica del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, quedó formalmente en manos de la justicia federal. Una jueza de control determinará en las próximas horas si el político de extracción panista enfrentará un proceso penal por su probable participación en una red dedicada al contrabando de combustibles a gran escala.
La decisión recae en Alejandra Ramírez de la Vega, jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez (La Palma). La resolución no solo fijará el destino legal del exmandatario, sino también el de otros siete coacusados vinculados a la misma causa penal.
Todos los señalados permanecen bajo la medida cautelar de prisión preventiva, tras el desarrollo de una maratónica audiencia inicial que ya superó las 32 horas de duración.
De acuerdo con las indagatorias presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR), Ruffo Appel y un grupo de empresarios presuntamente estructuraron un red logística dedicada a la importación irregular de hidrocarburos hacia territorio nacional.
Las estimaciones presentadas por la representación social señalan la magnitud del presunto fraude:
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Volumen ingresado: La FGR sostiene que la organización introdujo al país más de 2,137 millones de litros de combustible sin contar con las autorizaciones y permisos correspondientes.
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Afectación financiera: Dichas operaciones habrían ocasionado un quebranto y posible daño fiscal a la Hacienda Pública estimado en 166 millones de pesos.
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Vía de acceso: La investigación señala que el combustible era ingresado de manera ilegal a México principalmente a través de transporte ferroviario.
El expediente penal vincula directamente estas actividades con la empresa Ingemar, una firma portuaria y de servicios aduanales fundada por el propio Ruffo Appel y de la cual es accionista. Entre los coacusados en la trama figuran socios comerciales, representantes de empresas portuarias, operadores logísticos y un agente aduanal.
Ernesto Ruffo Appel fue asegurado por agentes de la Policía Federal Ministerial el pasado 16 de julio en el municipio de Ensenada, Baja California, mediante el cumplimiento de un ordenamiento judicial.
Tras concretarse su traslado al centro penitenciario en el Estado de México, su equipo de defensa promovió un juicio de amparo contra la orden de aprehensión y su ejecución, en un intento por combatir las medidas cautelares en tanto el órgano jurisdiccional resuelve si existen elementos suficientes para dictar el auto de vinculación a proceso.
