La familia Urquiza denunció públicamente al exgobernador de Querétaro, el panista Francisco Domínguez Servién, de intentar despojarlos de un predio de 100 hectáreas en el municipio de Huimilpan. Según los afectados, el exmandatario utiliza un fideicomiso ventajoso, denuncias penales y la complicidad de las autoridades locales para adueñarse de las tierras y de una concesión de agua, operando lo que califican como un "cártel inmobiliario".
El conflicto tiene su origen en 2023, cuando comenzó la construcción de un estadio de béisbol en un rancho de Domínguez Servién en Huimilpan. Paralelamente, la empresa MJF Campestre —de la cual el exgobernador es apoderado y dueño del 60% de las acciones— propuso a la familia Urquiza urbanizar sus históricos ranchos familiares: "La Haciendita" (169 hectáreas) y "El Salto" (que cuenta con una concesión de 360 mil metros cúbicos de agua anuales).
La propuesta consistió en un fideicomiso leonino donde la empresa se llevaría el 80% de las ganancias y la familia el 20%, sin establecer plazos ni penalizaciones. Pamela Urquiza Lindacher denunció que su abuela, María Guadalupe Fernández, viuda del patriarca de la familia, fue engañada y presionada por abogados de la empresa para ceder "La Haciendita". Sin embargo, el desarrollo inmobiliario no ha avanzado y los terrenos han sido usados para sembradíos.
Para proteger el rancho "El Salto" y su valioso pozo de agua de la ambición de la empresa, Agustín Urquiza (hijo de María Guadalupe) donó la propiedad a sus familiares Julián y Pamela. Esta acción desató una feroz persecución judicial.
La Fiscalía General del Estado de Querétaro abrió carpetas de investigación, vinculando a proceso a Agustín por administración fraudulenta, y a Julián y Pamela por fraude procesal. La defensa legal de la familia señala que un asunto netamente civil escaló a la vía penal gracias a la colusión de la fiscalía y jueces locales, presuntamente bajo las órdenes de Domínguez Servién y con la complacencia del actual gobernador, Mauricio Kuri.
La intimidación llegó a su punto máximo con cateos desproporcionados. El 31 de diciembre, elementos de la Guardia Nacional y el Ejército catearon la casa de Agustín para buscarlo e intimidar, asegurando la propiedad. Días después, el 3 de enero, irrumpieron violentamente en el domicilio de Pamela, frente a sus cuatro hijas menores. Al quejarse de estos abusos, los abogados aseguran que el Fiscal General del Estado, Víctor Antonio de Jesús Hernández, se burló diciéndoles: "Qué tal me aventé el cateo, eh".
“El exgobernador dice que protege a la señora de sus hijos, cuando es todo lo contrario, se están aprovechando de ella. Estamos peleando en un terreno enemigo contra todas las instituciones del Estado coludidas entre sí”, expresó Pamela Urquiza.
Ante esta situación, el pasado 11 de febrero, la familia entregó una carta en la oficina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, solicitando la intervención del gobierno federal para investigar este cártel inmobiliario y frenar el acoso de las autoridades queretanas.
