A quince días de la explosión e incendio registrados el pasado 6 de agosto en la colonia Las Granjas de Cuernavaca, continúan las investigaciones para determinar las causas del siniestro atribuido a una fuga de Gas LP durante las operaciones de una pipa distribuidora, hecho que dejó decenas de personas lesionadas, daños en viviendas y vehículos, así como el fallecimiento de Viviana Aguilar Zendejas. La tragedia cobró mayor relevancia social tras la muerte de Viviana, quien permaneció hospitalizada varios días debido a las graves quemaduras sufridas durante la emergencia y falleció el pasado 13 de agosto.
De acuerdo con familiares, al momento del siniestro protegió con su cuerpo a su hija de seis años cuando las llamas alcanzaron la zona donde ambas se encontraban. La menor sobrevivió al accidente.
Viviana era esposa de Emmanuel y madre de tres hijos: una adolescente de 15 años, un niño de 9 años y la menor de seis años que la acompañaba el día de la explosión. Sus familiares relataron que, pese a la gravedad de las lesiones, alcanzó a comunicarse por teléfono con su esposo para informarle lo ocurrido y pedirle que acudiera al lugar de la emergencia antes de ser trasladada a recibir atención médica especializada.
Gas Titanium rompe el silencio y anuncia activación de seguros Doce días después del accidente, la empresa Gas Titanium emitió un comunicado público en el que expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias.
En el documento, la empresa informó que activó las pólizas de seguro correspondientes para atender los daños ocasionados por el siniestro y aseguró que mantiene contacto con las personas afectadas para avanzar en los procesos de indemnización y reparación. El posicionamiento se dio en medio de los cuestionamientos públicos sobre la atención a las víctimas y la responsabilidad de la empresa propietaria de la unidad involucrada en la emergencia.
Fiscalía anuncia acuerdos reparatorios Por su parte, el Fiscal General del Estado, Fernando Blumenkron Escobar, afirmó recientemente que no habrá “carpetazo” en la investigación y adelantó que durante esta semana podrían concretarse los primeros acuerdos reparatorios con algunas de las personas afectadas.
El fiscal precisó que la formalización de estos acuerdos no implica el cierre de la carpeta de investigación, ya que las indagatorias continuarán para determinar con precisión las causas del accidente y establecer las responsabilidades que correspondan.
La Fiscalía mantiene abierta la investigación tanto sobre las condiciones en que operaba la unidad involucrada como sobre la actuación de los responsables de la distribución del combustible. El marco regulatorio bajo revisión El caso también ha puesto bajo la lupa el esquema de regulación federal aplicable a las empresas dedicadas al transporte y distribución de Gas Licuado de Petróleo.
De acuerdo con la legislación vigente, las actividades de transporte, almacenamiento, distribución, comercialización y expendio de Gas LP requieren autorización federal y están sujetas a supervisión permanente por parte de distintas autoridades.
Actualmente, la Comisión Nacional de Energía (CNE), dirigida por Juan Carlos Solís Ávila, es la instancia encargada de otorgar, administrar y supervisar los permisos relacionados con estas actividades. La legislación le confiere facultades para regular, verificar y sancionar a los permisionarios del sector energético.
La CNE también mantiene registros sobre el parque vehicular autorizado para la prestación de servicios de transporte y distribución de Gas LP, incluyendo autotanques y unidades de reparto. Por otra parte, las unidades que circulan por vías federales deben cumplir con las disposiciones en materia de autotransporte federal, ámbito regulado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), encabezada por Jesús Antonio Esteva Medina.
La supervisión en materia de seguridad industrial, operativa y ambiental corresponde a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), cuya directora ejecutiva es Andrea González Hernández. Las normas vigentes establecen requisitos específicos para las unidades utilizadas en el transporte y distribución de Gas LP, incluyendo programas de mantenimiento, dispositivos de seguridad, sistemas de almacenamiento, protocolos de atención de emergencias y mecanismos para responder por daños ocasionados a terceros.
Asimismo, la política energética federal es coordinada por la Secretaría de Energía (Sener), encabezada por Luz Elena González Escobar, dependencia de la cual se encuentra sectorizada la Comisión Nacional de Energía.
Investigación sigue abierta Mientras avanzan los procedimientos de reparación del daño y las gestiones con las aseguradoras, las autoridades ministeriales continúan reuniendo peritajes y elementos técnicos para esclarecer las circunstancias que originaron la explosión.
La muerte de Viviana Aguilar Zendejas elevó el impacto humano de una tragedia que dejó decenas de lesionados y afectaciones materiales en una de las zonas habitacionales más densamente pobladas de Cuernavaca. De acreditarse incumplimientos en materia de seguridad, mantenimiento, operación o protección a terceros, las autoridades federales cuentan con facultades para imponer sanciones administrativas e incluso revocar permisos de operación a los permisionarios involucrados.
La investigación en curso será la que determine las causas definitivas del siniestro y las posibles responsabilidades derivadas de uno de los accidentes con Gas LP más graves registrados en la capital morelense en los últimos años.
