Ciudadanos de San Juan del Río denuncian incrementos injustificados en el recibo de agua e indolencia en JAPAM
Una ola de indignación y molestia ciudadana se ha desatado entre los habitantes del municipio de San Juan del Río, luego de que en este último periodo los usuarios recibieran el cobro de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal con montos ostensiblemente más altos en comparación con meses anteriores, situación que afecta de forma directa la economía de las familias sanjuanenses sin que exista una explicación clara o justificada por parte del organismo operador.
Los contribuyentes afectados señalan que al acudir a las instalaciones de la dependencia para solicitar una aclaración sobre los cobros desmedidos, se topan con una pésima atención por parte del personal de ventanilla y cajas, donde la empatía es nula y las respuestas resultan evasivas frente a las irregularidades tarifarias. Mientras la población padece estos aumentos intempestivos en un servicio vital, la cabeza de la institución, el director José Antonio Cabrera, se encuentra enfocado en actividades de proselitismo e imagen política en su aspiración por continuar cobrando del erario público y asegurar un cargo en la siguiente contienda electoral.
Esta situación ha levantado severas sospechas entre la ciudadanía y diversos sectores sociales, quienes cuestionan si el desmedido incremento en las tarifas de la JAPAM responde a una estrategia financiera para recaudar ingresos extraordinarios destinados a fondear las campañas del Partido Acción Nacional en la demarcación. La opacidad con la que se manejan las finanzas del organismo contrasta con el ostentoso gasto publicitario que mantiene la dependencia para blindar su imagen en medios de comunicación locales.
Diversos señalamientos apuntan a que el organismo descentralizado destina sumas cuantiosas a convenios informativos para frenar el descontento social, donde portales y medios de comunicación perciben sueldos o facturaciones mensuales que oscilan entre los 15 mil y los 85 mil pesos únicamente por difundir publicidad institucional en sus páginas web y adular la gestión de la dependencia, en lugar de dar voz a las legítimas demandas de la población desprotegida.
