Durante más de ocho meses, la presidenta municipal Fanny Arreola Pichardo mantuvo al frente de la Secretaría de Obras Públicas a Rogelio Saúl Reyes Peralta, pese a la denuncia penal presentada en enero por la agresión contra la regidora María del Carmen Zepeda Ontiveros, hechos que posteriormente fueron acreditados por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) como violencia política contra las mujeres en razón de género.
La separación del funcionario fue anunciada el 5 de octubre, casi dos semanas después de que el Tribunal determinara su responsabilidad por violencia física, verbal y psicológica. Aunque Fanny Arreola presentó la decisión como una muestra de respaldo a las mujeres, la medida llegó después de meses de permanencia del agresor en el gobierno municipal y de una sesión de Cabildo en la que no se concretó el cumplimiento de la sentencia.
Denunció la agresión desde enero, pero el funcionario siguió en el cargo
Los hechos ocurrieron el 28 de enero, después de una sesión de Cabildo en la que Carmen Zepeda cuestionó el manejo de recursos y presuntas irregularidades en obras públicas. Según su denuncia, Reyes Peralta la confrontó, la sujetó violentamente y la tomó por la nuca. La regidora acudió ante la Fiscalía Regional de Apatzingán para denunciar lesiones y amenazas, mientras un reporte médico documentó un esguince cervical y otras afectaciones físicas.
Pese a la denuncia, el funcionario continuó encabezando Obras Públicas. Incluso, el 29 de enero, la propia dependencia difundió un comunicado negando que hubiera existido agresión física o verbal, versión que posteriormente quedó contradicha por la resolución del Tribunal Electoral. Durante los meses siguientes, Zepeda también denunció presiones y actuaciones institucionales que consideró represalias y revictimización, aunque Fanny Arreola, la primera mujer alcladesa de Apatzingán, la ignoró por completo.
El Tribunal acreditó la violencia; la alcaldesa esperó hasta octubre
El 23 de septiembre, el TEEM resolvió el expediente TEEM-PES-VPMG-007/2026 y acreditó que Rogelio Reyes Peralta ejerció violencia política de género contra la regidora. La conducta fue calificada como grave especial y se ordenaron medidas como una disculpa pública, capacitación especializada e inscripción en los registros de personas sancionadas, además de dar vista al Cabildo para determinar la sanción correspondiente.
Sin embargo, durante la sesión extraordinaria del 1 de octubre, el funcionario no acudió a ofrecer la disculpa y el Cabildo concluyó sin aprobar el punto relacionado con el cumplimiento de la sentencia. Carmen Zepeda cuestionó posteriormente la actuación municipal y sostuvo que las medidas de reparación seguían pendientes.
Fue hasta el 5 de octubre cuando Fanny Arreola anunció la separación de Reyes Peralta, asegurando que se trataba de una decisión de su administración en respaldo a las mujeres, pues el Tribunal no había ordenado directamente su destitución. Esa explicación deja una interrogante: si la alcaldesa podía decidir su salida, ¿por qué mantuvo al funcionario en el cargo durante más de ocho meses después de la agresión denunciada?
La salida del agresor no borra ocho meses de omisiones
La remoción tampoco significa que la sentencia haya sido cumplida integralmente. La disculpa pública y las demás medidas de reparación deben acreditarse ante el Tribunal, mientras la denuncia penal conserva una vía independiente.
El gobierno de Fanny Arreola enfrenta cuestionamientos por haber mantenido al funcionario en funciones, por la negativa difundida desde Obras Públicas y por la respuesta institucional ante las denuncias de Carmen Zepeda.
La alcaldesa presume ahora una política de respaldo a las mujeres, pero la cronología del caso evidencia que la separación del funcionario llegó únicamente después de una sentencia que acreditó la violencia, no cuando la regidora presentó su denuncia y documentó sus lesiones.
La salida de Rogelio Reyes Peralta no elimina las obligaciones pendientes ni las preguntas sobre la actuación del Ayuntamiento. Mientras Carmen Zepeda exige reparación y denuncia revictimización, Fanny Arreola tiene una explicación pendiente ante la ciudadanía: ¿por qué tuvieron que pasar más de ocho meses y una sentencia del Tribunal Electoral para separar de su gobierno al agresor de una regidora?
